Módulo II: Desarrollo, Instituciones y Desafíos Socioculturales

La autonomía del ser humano, comportándose éste como individuo pensante y racional, es propia de la naturaleza del mismo, de sus actos, de su conducta; es decir, es una característica intrínseca de su desarrollo, pues es él mismo quien fija las leyes y normas, delimitadas en un marco ético y moral, para expresarse y tomar decisiones sin intervención ni influencia externa. De ahí que su libertad lo haga responsable de sus actos en la medida en que comprenda las consecuencias de ellos. Con estas consideraciones, pudiera tomarse como axioma la proposición “la autonomía es el fin del desarrollo”, siendo una perspectiva heterodoxa respecto a las tradicionales concepciones de desarrollo, puesto que desenvuelve su significado en función del bienestar, al mismo tiempo que deriva en la autonomía colectiva. Esto último no es más que el autodesarrollo de la comunidad en cuestión, de la sociedad bajo su participación demarcada en un sistema como institución.

Vivir en plena autonomía involucra la difusión de la libertad hasta constituirse en un factor renovador de la sociedad y permitir la gobernabilidad y cohesión social. Es la libertad, la autonomía, en fin, la participación activa de la sociedad en el poder constitucional que adopta un Estado la promoción misma de su desarrollo y, por ende, es al mismo tiempo el medio y fin para definir la calidad de vida del ser humano. Por tal motivo, la alegoría del buen desarrollo como autodesarrollo encomienda la promoción del capital social y capital humano como estrategia coherente y oportuna del desarrollo, que propugna fervorosamente la democracia participativa a fin de repudiar un régimen paternalista que intenta dar asistencia duradera a su pueblo, extendiendo en éste un “mal desarrollo”, una actitud heterónoma, que lo sumerge en una subordinación inevitable; he ahí entonces el ejemplo ilustre de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.

Deliberar sobre el desarrollo resulta en un temario complejo cuya aplicación global todavía está en cuestionamiento, más aún del Desarrollo Humano Sostenible (DHS), ya que la calidad de vida difiere en todos los países del mundo. Tal hecho permite que este constructo socioeconómico conciba íntegramente tres pilares, uno de carácter social, otro económico y una percepción de índole ecológico, que sustentan la vida del ser humano, situándolo como centro del desarrollo, con el mero uso racional y mesurado de los recursos proporcionados por la naturaleza, con el objeto de garantizar en el tiempo y el espacio la sostenibilidad de los derechos humanos, la democracia, la eficiencia, la equidad y justicia económica y el fomento de una cultura de paz. Si bien es cierto que el DHS está fundamentado en la transformación que pueda hacer el ser humano de sí mismo y de su entorno, es el derecho de vidas incalculables para morar en el planeta Tierra.

Es así como el DHS refleja una creciente búsqueda del mejoramiento en la calidad de vida humana, pero limitándose a la idea de un crecimiento económico sin precedentes cuyos mecanismos de progreso son adversos a la diversidad biológica, a la vida en general; por esto, es imprescindible que la sociedad humana, como agrupación de personas que establecen numerosas relaciones, tengan por sentado los cuatro principios globales del DHS extraídos de la Carta de la Tierra: 1) respeto y cuidado de la comunidad y la vida; 2) integridad ecológica; 3) justicia social y económica; y 4) democracia, no violencia y paz. Es de suponer entonces que, el crecimiento, en términos económicos y ecológicos, no es condición necesaria para que exista prosperidad y desarrollo en todos los sentidos, pues la producción masiva de bienes y servicios no respalda un alza en los estándares de vida, al menos no en la realidad, no en la praxis.

Siguiendo estos lineamientos, surge la noción de capital social, traducido en oportunidades para la acción colectiva y el bienestar de los grupos humanos, organizados en comunidades, donde la confianza, los sistemas institucionales y las redes sociales imperan en la formación y mantenimiento del desarrollo de la sociedad, atribuyéndola de facultades cívicas para la movilización de capitales y recursos. Como se ha dicho con anterioridad, el capital social significa el soporte de un “buen desarrollo”, puesto que fija el pensamiento autónomo que subyace de la cooperación para crear y amasar un tejido social que ha de ser lo suficientemente íntegro e incorruptible en pro del autodesarrollo. Es preciso instar por la transformación global de la comunidad humana, en tanto que la acumulación del capital social simbolice la valoración del conocimiento y la cultura como componentes que, per se, adoptarían los mecanismos cooperativos a posteriori de la convivencia.

Está claro que el capital social es una cuestión de conducta y de experiencia cotidiana capaz de instaurar firmeza y confianza en la estructuración de las relaciones interpersonales e impersonales de la sociedad. Empero, cuando se resquebraja la confianza sedimentada en los estatutos que rigen el buen funcionamiento de las comunidades, los basamentos de todas las instituciones trascienden al amoldamiento de un orden social caótico, de carácter anárquico, que, sin lugar a dudas, la flexibilidad institucional señala su incompetencia y torpeza en el cumplimiento real de las expectativas sobre la conducta futura. Esta desconfianza produce dilación en la determinación autónoma que ha de fundarse y erigirse en las personas, dado que la confianza endeble e inestable deteriora el tejido social en la vida pública, invadiendo los diferentes grupos sociales, incluso el mercado y la vida económica en general, y retrasa el progreso del Desarrollo Humano Sostenible.

Significa entonces que la debilidad en el capital social evidencia la flaqueza de la vida institucional; debido a esto, fomentar una cultura de construcción institucional es digno de organizar la vida social limitada estrictamente por un marco jurídico, guiada por el respeto absoluto de los derechos humanos y, por encima de todo, la confianza, de tal forma que la sociedad misma se adecúe a los comportamientos definidos en la ética. Pasar por alto estas restricciones conllevará a la vida pública y su autonomía al descenso de sus activos, al aumento de los costos de transacción, al impedimento de acceder a los recursos económicos con viabilidad. Por lo tanto, detallar las disfuncionalidades de la cultura pública, de sus instituciones, de su capital social, sustenta el emprendimiento del orden público y procede con la eficacia del compromiso de la sociedad con los recursos naturales, que resalta el desarrollo sustentable de la humanidad.

Como reflexión, sería esencial para el lector que tome en cuenta lo expresado por Gallardo, Eliana: “El desarrollo humano pleno es la posibilidad de expansión de la libertad de las personas y el desarrollo de su autonomía. Asimismo, un modelo de desarrollo humano permitirá la expansión de las capacidades de las personas, el reconocimiento de su especificidad de género, de edad, étnica, etcétera, a fin de asegurar su participación en los espacios de poder donde se decide, en última instancia, el rumbo de la sociedad” (citado por Abraham de Quintero, María, 2008, p. 234).

Fuente: Abraham de Quintero, María (2008). El Servicio Comunitario y la Responsabilidad Social Universitaria. Dirección de Medios y Publicaciones Universidad de Carabobo, Valencia.